Cortar la Luz y el Agua a los Okupas: Guía Definitiva de la STS 426/2026  

Jurisprudencia / Inmobiliario

07/08/2026

La STS 424/2026 aclara definitivamente cuándo cortar la luz a los okupas deja de constituir un delito de coacciones. Dictada el 24 de junio por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, zanja la disparidad de criterios que existía entre las Audiencias Provinciales y fija una doctrina vinculante para todos los tribunales de España: cortar los suministros a quien ocupa ilegalmente un inmueble sin ningún título que ampare su presencia no constituye un delito de coacciones. Deal Tax & Legal analiza el alcance real de la sentencia, sus matices y las implicaciones prácticas para propietarios.

El problema con los Okupas que las STS 426/2026 venía a resolver

Hasta esta sentencia, cortar los suministros a los okupas era una ruleta judicial. Algunas Audiencias Provinciales —Madrid, Barcelona, Islas Baleares— lo habían tratado como una forma ilegítima de presión constitutiva de coacciones; otras habían apuntado en dirección contraria cuando el ocupante carecía de cualquier título. Esa disparidad de criterios generaba una situación absurda que cualquier propietario en esa situación conoce bien: le habían quitado la vivienda y, además, seguía pagando la luz y el agua que consumían quienes se la habían quitado. Si dejaba de pagarlas, arriesgaba acabar sentado en el banquillo.

El Pleno de la Sala Segunda actúa precisamente para eliminar esa incertidumbre. La STS 426/2026, con ponencia del presidente de la Sala Andrés Martínez Arrieta y aprobada por 10 votos frente a 4, establece una doctrina que vincula a todos los tribunales inferiores y que diferencia con precisión dos escenarios que hasta ahora se confundían con frecuencia.

Durante años existió una gran inseguridad jurídica sobre si cortar la luz y el agua a los okupas podía implicar responsabilidades penales para los propietarios.

¿Cuándo se puede cortar la luz y el agua a los okupas según la STS 426/2026?

La sentencia analiza específicamente los supuestos en los que cortar la luz y el agua a los okupas no constituye un delito.

La clave de la sentencia no es tan simple como los titulares sugieren. No es «puedes cortar el suministro a cualquiera que esté en tu casa». La doctrina es más precisa que eso, y gira en torno a una pregunta: ¿tiene el ocupante algún título que legitime su presencia en el inmueble?

Cuando no hay título: si los ocupantes han accedido al inmueble sin ningún derecho que ampare su presencia —es decir, en un supuesto de ocupación ilegal pura—, el propietario no tiene el deber de financiar los suministros. Dar de baja la luz, el agua o el gas, o dejar de pagar esos contratos, no constituye el delito de coacciones del artículo 172 del Código Penal. El razonamiento del Tribunal es sólido: ese artículo exige actuar «sin estar autorizado», y difícilmente puede sostenerse que el titular del inmueble carece de autorización para gestionar sus propios contratos de suministro.

Cuando existe un título, aunque esté en disputa: si hay un contrato de arrendamiento en vigor —aunque el inquilino no pague—, o si la persona que ocupa la vivienda tiene un derecho en proceso de resolución judicial, la situación es radicalmente distinta. El Tribunal mantiene que, en ese caso, cortar el suministro deliberadamente para forzar el abandono constituye una vis in rebus (violencia sobre las cosas) que sí puede ser penalmente relevante. El propio caso que da origen a la sentencia —un marido que cortó el suministro eléctrico a su esposa durante un proceso de divorcio— acaba en condena confirmada, precisamente porque la esposa ocupaba la vivienda con derecho mientras se resolvía el procedimiento familiar.

Los tres argumentos jurídicos del Tribunal Supremo 

El razonamiento de la STS 426/2026 se apoya en tres planos distintos que conviene entender por separado:

ARGUMENTO 1: Tipicidad penal

El artículo 172 CP exige que la conducta se realice «sin estar autorizado». El propietario de un inmueble está autorizado a gestionar sus contratos. No contratar o no pagar un suministro es una omisión, no una acción coactiva, cuando quien la ejerce es el titular del bien.

ARGUMENTO 2: Ausencia de deber jurídico

El propietario no tiene obligación legal de financiar los suministros de quien ocupa su inmueble sin título. Que existiera un contrato previo a nombre del propietario no genera un deber indefinido de mantenerlo activo en beneficio de quien ocupa ilegalmente.

ARGUMENTO 3: Proporcionalidad y fin de protección de la norma

Las coacciones protegen la libertad de decisión de quien tiene un derecho que ejercer. Quien ocupa sin título no tiene un derecho que ejercer en ese inmueble; por tanto, la protección penal no opera de la misma manera.

Lo que la sentencia no resuelve: recuperar la posesión 

Este es el punto que más se pierde en la cobertura mediática de la STS 426/2026, y el más relevante desde el punto de vista práctico: cortar los suministros no devuelve la posesión del inmueble. La sentencia libera al propietario de financiar al ocupante. No le devuelve las llaves.

Para recuperar la vivienda, el propietario sigue teniendo que elegir y ejecutar la vía adecuada entre las opciones disponibles: la vía penal —denuncia por usurpación del artículo 245 CP— o la vía civil —el procedimiento de desahucio o el interdicto posesorio—. Cada una tiene sus plazos, sus requisitos, sus probabilidades de éxito según las circunstancias del caso, y sus costes. Elegir mal la vía o ejecutarla con errores formales puede convertir un proceso que debería resolverse en meses en uno que se prolonga durante años.

Es decir, aunque cortar la luz y el agua a los okupas ya no sea delito en determinados supuestos, ello no implica recuperar automáticamente la posesión del inmueble.

Desde Deal Tax & Legal acompañamos a propietarios en el análisis de su situación concreta y en la elección y ejecución de la estrategia más adecuada. Si tienes un inmueble en esta situación, contacta con nuestro equipo para una valoración sin compromiso.

Implicaciones de la STS 426/2026 para el mercado inmobiliario 

La STS 426/2026 importa más allá del caso individual. Uno de los factores que más desincentiva poner viviendas en alquiler en España es la percepción de inseguridad jurídica ante ocupaciones ilegales. Según datos del propio Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, la oferta de vivienda en alquiler en grandes ciudades lleva años por debajo de la demanda, y la percepción de riesgo ante impagos y ocupaciones es un factor real en la decisión de muchos propietarios de no poner sus inmuebles en el mercado.

Una doctrina clara del Tribunal Supremo que refuerza los instrumentos del propietario —y elimina la paradoja de que el afectado fuera al mismo tiempo víctima y potencial acusado por gestionar sus propios contratos— contribuye a mejorar esa percepción de seguridad jurídica. No es la solución al problema de la vivienda, pero es un paso en la dirección correcta.

A la misma vez, la escasez de la oferta se ve reflejado en situaciones como una vivienda por cada 47 solicitantes, donde analizamos la presión existente sobre el mercado residencial.

A este escenario se suman a otras medidas legislativas que han impactado directamente en el mercado residencial, como el Real Decreto-ley 8/2026 sobre el mercado del alquiler, que analizamos recientemente.

¿Qué deben hacer los propietarios antes de cortar la luz y el agua a los okupas?

Aunque la STS 426/2026 fija un criterio importante, los propietarios no deberían actuar sin analizar previamente su situación concreta. Es recomendable comprobar el estado del procedimiento judicial, conservar toda la documentación relativa a la titularidad de la vivienda y valorar la estrategia más adecuada para recuperar la posesión. Cada caso de ocupación ilegal presenta circunstancias distintas y la aplicación de la sentencia puede variar según los hechos acreditados  

Antes de adoptar cualquier decisión, conviene:

• Revisar la documentación de la vivienda.

• Acreditar la titularidad.
• Conservar las comunicaciones realizadas.
• Analizar la vía judicial más adecuada.
• Solicitar asesoramiento jurídico antes de adoptar cualquier medida.

3 conclusiones prácticas para propietarios sobre cortar la luz y el agua a los okupas 

Primera. Si tu vivienda está ocupada por personas que no tienen ningún título que ampare su presencia, la STS 426/2026 te respalda jurídicamente para dar de baja o dejar de pagar los suministros que estén a tu nombre. No es un delito de coacciones.

Segunda. Si existe un contrato de arrendamiento en vigor —aunque haya impago—, o cualquier procedimiento judicial abierto sobre el uso de la vivienda, la situación es distinta. Cortar el suministro en ese contexto sigue siendo una decisión con riesgo penal real. Consúltalo antes de actuar.

Tercera. Cortar los suministros es, en el mejor de los casos, una medida de presión que puede acelerar la salida voluntaria del ocupante. No es un mecanismo de recuperación de la posesión. Para eso sigue siendo imprescindible una estrategia legal bien diseñada y ejecutada sin errores.

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