Viernes 27 de marzo de 2026

Identificar el origen de los fondos ya no es suficiente. En una reciente resolución de casación con vocación de doctrina jurisprudencial, el Alto Tribunal establece que desvirtuar la presunción de ganancia patrimonial no justificada exige acreditar, además, el negocio jurídico que sustenta la transmisión. Deal Tax & Legal analiza el alcance de este pronunciamiento y sus implicaciones prácticas para contribuyentes y asesores fiscales.

El Tribunal Supremo acaba de fijar un criterio interpretativo de notable trascendencia en materia de ganancias patrimoniales no justificadas en el IRPF. La resolución, dictada en el marco de un recurso de casación admitido precisamente por su interés para la formación de jurisprudencia, clarifica de forma definitiva qué nivel de prueba debe alcanzar el contribuyente para excluir la aplicación de la presunción legal prevista en la normativa tributaria. Y la respuesta del tribunal es inequívoca: más de lo que muchos contribuyentes —y sus asesores— venían asumiendo.

El origen del litigio: ingresos bancarios sin explicación convincente

El caso tiene su punto de partida en unas actuaciones inspectoras en las que la Administración detectó una serie de ingresos en cuentas bancarias de dos contribuyentes que no encontraban reflejo en las rentas declaradas ni en el patrimonio previamente conocido. La consecuencia fue la calificación de dichos ingresos como ganancias patrimoniales no justificadas, la correspondiente regularización tributaria y la imposición de sanciones.

Los contribuyentes ofrecieron una explicación aparentemente razonable: los fondos procedían de transferencias realizadas por un familiar cercano, al amparo de un contrato de crédito debidamente formalizado. En su criterio, la identificación de la persona que realizaba los ingresos y la existencia del contrato bastaban para neutralizar la presunción legal.

La Administración no lo entendió así. Y tampoco lo hizo el tribunal económico-administrativo, ni el órgano de lo contencioso-administrativo. La razón: la documentación aportada presentaba incoherencias de fondo que impedían dar por acreditado el origen real de los fondos. Algunos ingresos eran anteriores a la fecha del contrato invocado. El importe total de los movimientos no coincidía con el crédito alegado. Y no existía trazabilidad documental que permitiera seguir el flujo de los fondos desde su origen hasta su destino.

La cuestión jurídica: ¿qué exige la ley para desvirtuar la presunción?

El núcleo del recurso de casación residía en una pregunta de alcance general: para excluir la calificación de una ganancia patrimonial como no justificada, ¿basta con identificar de dónde provienen los fondos, o es necesario también acreditar el negocio jurídico que sustenta su transmisión?

Los contribuyentes defendían la primera tesis. Identificado el origen material, argumentaban, desaparece la razón de ser de la presunción. La parte recurrida sostenía la postura contraria: admitir que la mera identificación del transmitente es suficiente abriría la puerta a encubrir rentas no declaradas bajo la apariencia formal de operaciones entre particulares.

El tribunal acoge esta segunda posición y la eleva a doctrina jurisprudencial.

Los tres elementos que exige el Tribunal Supremo

La resolución establece con precisión quirúrgica los requisitos que debe cumplir la prueba aportada por el contribuyente para desvirtuar la presunción de ganancia patrimonial no justificada. No basta con uno ni con dos. Son tres, y deben concurrir de forma acumulativa:

El primero es el origen material de los fondos: de dónde proceden físicamente. El segundo es la identificación de la persona que los transmite. El tercero —y es aquí donde el tribunal endurece el criterio— es la justificación del negocio jurídico que da lugar a la transmisión: por qué razón jurídicamente válida se produce esa transferencia de fondos.

Esta exigencia no es caprichosa. Responde a una lógica de sistema. La presunción de ganancia patrimonial no justificada actúa como mecanismo de cierre del ordenamiento tributario, destinado a evitar que rentas ocultas escapen a tributación mediante su introducción encubierta en el patrimonio del contribuyente. Si bastara con señalar a una persona como origen de los fondos, el mecanismo de control quedaría prácticamente vaciado de contenido: cualquier ingreso no declarado podría blanquearse con una declaración informal de procedencia, sin necesidad de acreditar ninguna causa jurídica real.

Aplicación al caso: ausencia de prueba suficiente y culpabilidad apreciada

Aplicando estos criterios al supuesto enjuiciado, el tribunal concluye que los contribuyentes no lograron desvirtuar la presunción. No solo no quedó acreditado el negocio jurídico subyacente, sino que la documentación aportada presentaba contradicciones objetivas —ingresos anteriores al contrato, discrepancias de importe, falta de trazabilidad— que restaban toda credibilidad a la explicación ofrecida.

En lo que respecta a las sanciones, el tribunal descarta que nos encontremos ante una mera discrepancia interpretativa de buena fe. La ausencia de una explicación razonable y la falta de respaldo documental mínimamente coherente llevan a apreciar la concurrencia de culpabilidad, confirmando las sanciones impuestas.

Implicaciones prácticas: lo que cambia para contribuyentes y asesores

Este pronunciamiento tiene consecuencias directas y relevantes en la práctica tributaria cotidiana. La primera y más evidente: los contribuyentes que reciban fondos de terceros —ya sea en el marco de préstamos entre particulares, donaciones, devoluciones de deudas o cualquier otra operación— deben asegurarse de documentar no solo la identidad del transmitente, sino también la causa jurídica de la operación, y hacerlo de forma contemporánea a los hechos, no de manera retroactiva cuando la inspección ya ha llamado a la puerta.

La segunda implicación afecta directamente al diseño de la estrategia defensiva ante la Administración. Aportar un contrato privado sin fecha cierta, sin coherencia temporal con los movimientos cuestionados y sin respaldo en la documentación bancaria del transmitente no solo es insuficiente: puede resultar contraproducente, al generar indicios de simulación que refuercen la posición inspectora.

La tercera consideración es de carácter preventivo. En un entorno de intercambio automático de información financiera y de creciente capacidad analítica de la Administración tributaria, los movimientos bancarios de cierta entidad que no encuentren reflejo en las declaraciones presentadas son cada vez más difíciles de pasar inadvertidos. La planificación previa —formalizar adecuadamente las operaciones, conservar la documentación justificativa y mantener coherencia entre los registros contables, bancarios y contractuales— es la única protección real frente a una regularización de este tipo.

Una doctrina que consolida la exigencia probatoria

El fallo del Tribunal Supremo no innova el ordenamiento, pero sí lo clarifica con una precisión que hasta ahora no existía de forma tan nítida en la jurisprudencia. La doctrina fijada —que para desvirtuar la calificación de ganancia patrimonial no justificada es necesario acreditar no solo el origen de los fondos sino también el negocio jurídico que los sustenta— tendrá aplicación en todos los casos similares que se planteen en el futuro, y previsiblemente reforzará la posición de la Administración en los procedimientos de comprobación e inspección.

Para los contribuyentes, el mensaje es claro: en materia tributaria, lo que no se puede demostrar no existe. Y demostrar, hoy, exige algo más que señalar con el dedo.