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Lunes 11 de agosto de 2025

La ola regulatoria ESG

En este momento crítico en que las obligaciones en materia de sostenibilidad y gobernanza se han convertido en el eje central de la normativa europea, el coste de no adaptarse a tiempo puede ser elevado y con impacto económico real. Desde Deal Tax & Legal analizamos las implicaciones fiscales y legales de ignorar esta regulación.

 

Un marco regulatorio que avanza sin pausa

 

La Directiva sobre Información No Financiera (CSRD) marca el nuevo estándar europeo para la transparencia de factores ESG. Ya está en vigor desde 2024 para grandes entidades, cuyas primeras memorias están llegando en 2025. Las empresas más grandes y grupos consolidados deben cumplir con los estándares ESG en 2026, y las pymes cotizadas en 2027, aunque, según el paquete Omnibus, estas obligaciones podrían retrasarse hasta 2028 o 2029.

 

Además, la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad (CSDDD), aprobada en junio de 2024, exige a las compañías garantizar un control legal y social en su cadena de valor, y debe incorporarse a las legislaciones nacionales en los próximos dos años.

 

No adaptarse tiene un coste real

 

Las sanciones por incumplimiento pueden ser significativas. Según el World Economic Forum, las multas pueden ascender hasta el 5 % de la facturación mundial. Además, se está debatiendo una reducción drástica de empresas sujetas a estas obligaciones: solo quedarían afectadas el 0,02 % si prosperan las últimas propuestas. Esto no reduce el riesgo: quienes queden fuera serán sancionados si ya se han comprometido a cumplir.

 

Alegato a favor de la adaptación temprana

 

Aunque la avalancha regulatoria puede parecer excesiva, adaptarse pronto es más una oportunidad que una carga. Las empresas que integren la doble materialidad, refuercen su gobernanza ESG y anticipen los ajustes normativos estarán mejor preparadas no solo para evitar sanciones, sino también para atraer inversión, mejorar su reputación y reducir riesgos financieros.

 

Por otro lado, el paquete Omnibus busca alivianar el peso regulatorio, pero no deroga el objetivo: simplificar sin renunciar al fondo de las obligaciones ESG.

 

Ignorar la ola ESG en Europa no es una opción viable. Las empresas que aún no han iniciado su transición hacia el cumplimiento de estas directrices se arriesgan a enfrentar sanciones millonarias, pérdida de confianza y vulnerabilidad ante inspecciones o inversores.