El Gobierno de Cataluña ha aprobado el 25 de marzo un nuevo paquete de medidas fiscales que endurece la fiscalidad para grandes tenedores de vivienda y refuerza el papel del sector público en la economía. Con estas iniciativas, se busca combatir la especulación inmobiliaria y garantizar una mayor accesibilidad a la vivienda, además de reforzar el modelo de sostenibilidad y eficiencia en la gestión pública.

Aumento de impuestos para grandes tenedores e inmobiliarias

Uno de los cambios más significativos es la aplicación de un tipo impositivo del 20% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para:

• • La compra de inmuebles por parte de grandes tenedores.
  • La adquisición de edificios enteros destinados a viviendas, salvo que el comprador sea una persona física, el edificio tenga un máximo de cuatro viviendas y se destine a residencia habitual del comprador y sus familiares.

Además, se han eliminado las bonificaciones fiscales del 70% para empresas inmobiliarias en la transmisión de viviendas, con el objetivo de reducir la especulación y favorecer el acceso a la vivienda por parte de la población general.

Se han establecido nuevos tramos progresivos en la compraventa de inmuebles de alto valor:

• • Hasta 600.000 euros: 10%.
  • Entre 600.000 y 900.000 euros: 11%.
  • Entre 900.000 y 1.500.000 euros: 12%.
  • Superior a 1.500.000 euros: 13%.

Bonificaciones para la vivienda protegida y la movilidad sostenible

El paquete de medidas también contempla bonificaciones del 50% en la transmisión de:

• • Edificios de oficinas o estructuras no finalizadas para su transformación en vivienda protegida.
  • Inmuebles destinados a ser sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales.

Por otro lado, se establece un tipo impositivo del 0% en la transmisión de vehículos con distintivo ambiental de cero emisiones, en línea con la estrategia de movilidad sostenible de la Generalitat.

Refuerzo del sector público y energía renovable

En el ámbito del sector público, se ha aprobado la modificación normativa del Institut Català de Finances (ICF) para permitir que las personas físicas también puedan acceder a préstamos, especialmente en sectores clave como la vivienda protegida, la sostenibilidad y la transición energética.

Asimismo, el Gobierno catalán ha anunciado que L’Energètica, la empresa pública de energía renovable, proveerá electricidad de origen 100% renovable a diversas instituciones públicas, entre ellas el Parlamento de Cataluña y la Oficina Antifrau. Con esta medida, se refuerza el compromiso con un modelo energético más sostenible y autosuficiente.

Estas reformas reflejan una estrategia del Gobierno de Cataluña para equilibrar la carga fiscal, desincentivar la especulación y reforzar el papel del sector público en la economía, promoviendo al mismo tiempo una fiscalidad más equitativa y sostenible.