La Directiva (UE) 2024/1760, que entrará en vigor el 13 de junio de 2024, impone a las grandes empresas la obligación de aplicar un sistema de diligencia debida para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones y cadenas de suministro. Las empresas deben identificar riesgos, prevenir impactos negativos, ser transparentes con informes anuales y realizar evaluaciones continuas. Aquellas que no cumplan corren el riesgo de sanciones y perder competitividad en un mercado cada vez más enfocado en la sostenibilidad.

No obstante, la implementación efectiva de estas prácticas puede fortalecer la reputación empresarial y abrir nuevas oportunidades en sectores sostenibles como la economía circular, las energías renovables y la agricultura sostenible. Además, al cumplir con estos estándares, las empresas mejorarán su competitividad, ya que tanto inversores como consumidores valoran cada vez más la responsabilidad social y ambiental.

La Directiva 2024/1760 refuerza y complementa la Directiva 2019/1937 sobre protección de los denunciantes y el Reglamento 2023/2859 sobre gobernanza corporativa. Este marco legislativo representa no solo un desafío para las empresas, sino también una oportunidad para adaptarse a las nuevas exigencias de sostenibilidad y asumir un papel clave en la transición hacia una economía más responsable.