Viernes 24 de octubre de 2025

La STS 2637/2025 aborda una cuestión de gran relevancia en el ámbito fiscal: si es necesario declarar expresamente la caducidad de un procedimiento de comprobación limitada antes de iniciar un procedimiento de inspección sobre el mismo concepto tributario y ejercicio.

Esta sentencia consolida la jurisprudencia sobre la obligatoriedad de la declaración expresa de caducidad, asegurando que la Administración no pueda iniciar nuevos procedimientos arbitrariamente, reforzando la seguridad jurídica de los contribuyentes.

Contexto del caso: IRPF 2010 y procedimientos superpuestos

El caso se originó con un procedimiento de comprobación limitada iniciado de oficio por la Oficina de Gestión Tributaria de Sagunto el 27 de febrero de 2014, relativo al IRPF de 2010.

• El procedimiento excedió el plazo legal de seis meses sin resolución expresa, generando caducidad automática según el artículo 104.1 LGT.

• Sin embargo, no se dictó ningún acuerdo declarando formalmente la caducidad.

• Posteriormente, el 9 de enero de 2015, se inició un procedimiento de inspección sobre el mismo concepto y ejercicio, que concluyó con una liquidación y sanción.

El contribuyente impugnó estas actuaciones alegando que la falta de declaración de caducidad hacía nulo el procedimiento de inspección posterior.

Marco normativo: artículos 104.5 y 139.1 LGT

Artículo 104.5 LGT

• Establece que la caducidad de un procedimiento debe ser declarada de oficio o a instancia del interesado.

• Las actuaciones de un procedimiento caducado no interrumpen la prescripción, pero mantienen valor probatorio para otros procedimientos.

Artículo 139.1 LGT

• Regula las formas de terminación de la comprobación limitada: resolución expresa, caducidad tras el plazo legal o inicio de un procedimiento inspector que incluya su objeto.

La sentencia deja claro que el inicio de un procedimiento inspector no exime a la Administración de declarar la caducidad cuando corresponde.

Debate jurisprudencial: ¿es necesaria la declaración expresa?

La Administración defendía que la caducidad automática por el transcurso del plazo y el inicio del procedimiento inspector eran suficientes.

El Tribunal Supremo, en cambio, determinó:

1. Caducidad obligatoria: Debe declararse formalmente, tanto en procedimientos iniciados a instancia del contribuyente como de oficio.
2. Efectos de la omisión: La falta de declaración invalida el procedimiento posterior y las actuaciones que de él se deriven.
3. Principio de buena administración: La Administración no puede decidir discrecionalmente si declara la caducidad o no, bajo riesgo de vulnerar la seguridad jurídica y los derechos del contribuyente.

Consecuencias prácticas de la STS 2637/2025

• La Administración debe declarar formalmente la caducidad de cualquier procedimiento de comprobación limitada que haya vencido su plazo legal.

• No se puede iniciar un nuevo procedimiento de inspección sobre el mismo período y concepto sin dicha declaración.

• Los contribuyentes obtienen mayor certeza jurídica y protección frente a actuaciones arbitrarias o negligentes.

Ejemplo práctico:

• Si un contribuyente recibe notificación de inspección sobre un ejercicio que ya estaba sujeto a una comprobación limitada caducada, puede invocar la STS 2637/2025 para impugnar el procedimiento por nulidad, asegurando la protección de sus derechos.

Doctrina jurisprudencial consolidada

La sentencia STS 2637/2025 confirma y amplía la jurisprudencia de 2023 (SSTS 21 y 29 de septiembre), aplicando la exigencia de declaración expresa de caducidad también a procedimientos iniciados de oficio.

• Refuerza los principios de seguridad jurídica, legalidad y buena administración en los procedimientos tributarios, consolidando la obligación de declarar formalmente la caducidad de cualquier procedimiento de comprobación limitada.

• Establece un criterio uniforme para la actuación de la Agencia Tributaria y otros órganos competentes, asegurando la nulidad de procedimientos fiscales cuando se omita la declaración expresa de caducidad y delimitando claramente las potestades de inspección

Conclusión: la caducidad no es una formalidad

La STS 2637/2025 reafirma que la caducidad de los procedimientos tributarios no es una mera cuestión formal, sino una garantía esencial del contribuyente.

El acto de declarar expresamente la caducidad:

• Protege los derechos del contribuyente frente a posibles errores o arbitrariedades.

• Delimita claramente las potestades de inspección de la Administración en el marco de la caducidad de procedimiento de comprobación limitada.

• Asegura que los procedimientos posteriores sean válidos, respeten la normativa y eviten la nulidad de actuaciones, conforme a lo establecido por el Tribunal Supremo 2637/2025.

Desde Deal Tax & Legal, acompañamos a nuestros clientes en la impugnación de procedimientos irregulares y defensa frente a actuaciones de la Administración, asegurando el cumplimiento de la Ley y la protección de sus derechos fiscales.

¿Necesitas asesoramiento sobre procedimientos tributarios y caducidad? Contacta con nuestros expertos para analizar tu caso y garantizar la seguridad jurídica de tus actuaciones fiscales.