Suspensión de Vista por Enfermedad del Abogado: Clave STS

Derecho Procesal / Derecho Civil

03/09/2026

La STS 424/2026 aclara definitivamente cuándo cortar la luz a los okupas deja de constituir un delito de coacciones. Dictada el 24 de junio por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, zanja la disparidad de criterios que existía entre las Audiencias Provinciales y fija una doctrina vinculante para todos los tribunales de España: cortar los suministros a quien ocupa ilegalmente un inmueble sin ningún título que ampare su presencia no constituye un delito de coacciones. Deal Tax & Legal analiza el alcance real de la sentencia, sus matices y las implicaciones prácticas para propietarios..

El caso de origen: denegación de suspensión pese a la enfermedad acreditada del abogado

El caso que llega al Pleno de la Sala Civil tiene su origen en un desahucio por expiración de plazo de un contrato de arrendamiento en Marbella, tras la compra de la vivienda por un gran tenedor. Los arrendatarios demandados solicitaron la suspensión de la vista la tarde anterior a su celebración, alegando la enfermedad acreditada de su abogado. El juzgado denegó la petición y celebró la vista sin que los demandados contaran con asistencia letrada.

La Audiencia Provincial, al resolver la apelación, reconoció que lo procedente habría sido suspender la vista, pero descartó la nulidad al considerar que no se había producido una indefensión material: entendió que la ausencia del abogado no impidió el ejercicio del derecho de defensa, porque la prueba propuesta no era relevante y no condicionó la decisión de la juzgadora sobre las excepciones planteadas. El matrimonio desahuciado recurrió en casación esa desestimación.

No hace falta probar indefensión: la asistencia letrada como requisito estructural

El Tribunal Supremo corrige el criterio de la Audiencia y establece que no es necesario acreditar una indefensión material concreta para declarar la nulidad de actuaciones. La razón es que el legislador ha configurado la intervención letrada como un requisito estructural del proceso: cuando la ley exige asistencia de abogado, su ausencia por una denegación injustificada de suspensión afecta directamente a la validez del acto, sin que el tribunal deba realizar un juicio hipotético sobre qué habría cambiado con el abogado presente.

Los argumentos de fondo: primera instancia plena y doctrina constitucional

La sentencia se apoya en varios argumentos. A diferencia de otras infracciones procesales, la ley no exige acreditar expresamente una indefensión efectiva en estos casos. La doctrina del Tribunal Constitucional, basada en criterios de flexibilidad y protección de la tutela judicial efectiva, refuerza esa necesidad de suspender la vista en el nuevo marco normativo introducido por el RDL 5/2023 —que además incorpora medidas de conciliación de la vida personal y profesional de la abogacía—.

Y el Tribunal subraya que trasladar la defensa o la práctica de prueba a la segunda instancia priva indebidamente a la parte de su derecho a una primera instancia plena, con un impacto estructural más intenso cuando la incidencia se produce precisamente en esa primera instancia.

Las excepciones a la regla general

El Tribunal no fija una nulidad automática sin matices. La regla general cede en situaciones excepcionales: ánimo dilatorio, abuso de derecho, mala fe procesal, falta de diligencia, o cuando no se haya intentado la sustitución del letrado pese a ser posible, por ejemplo, cuando en el procedimiento han intervenido indistintamente varios abogados.

También podrían concurrir excepciones cuando se vean comprometidos derechos de la contraparte, como el de no sufrir dilaciones indebidas, o el buen orden del proceso.

El interés casacional en materia procesal: un matiz técnico relevante

La resolución añade una precisión de alcance práctico para quien plantee recursos similares: es imprescindible identificar con precisión la norma procesal infringida y justificar el interés casacional, que puede apreciarse cuando la resolución recurrida contradice jurisprudencia del Supremo, existe disparidad de criterios entre Audiencias Provinciales, o se aplican normas sin doctrina consolidada.

La mera invocación del artículo 24 de la Constitución no basta por sí sola para fundamentar ese interés casacional, salvo en supuestos excepcionales de error patente en la valoración de la prueba. Para valorar la estrategia procesal más adecuada ante este tipo de resoluciones, en Deal Tax & Legal ofrecemos asesoramiento especializado en resolución de conflictos adaptado a cada caso concreto.

Qué debe hacer un abogado ante la denegación injustificada de suspender la vista

Ante una situación de enfermedad acreditada, la doctrina fijada por el Tribunal Supremo marca varias pautas prácticas que conviene tener presentes para proteger correctamente el derecho de defensa del cliente:

• Acreditar la enfermedad de forma inmediata y documentada. El informe médico debe aportarse al juzgado tan pronto como sea posible, dejando constancia de la imposibilidad real de comparecer.
• Solicitar expresamente la suspensión de la vista, invocando el artículo 188.1.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no limitarse a comunicar la incidencia de forma informal.
• Si el juzgado deniega la suspensión y celebra la vista igualmente, es fundamental hacer constar en el acta la ausencia de asistencia letrada y la protesta correspondiente, como base para un futuro recurso.
• Recurrir la resolución identificando con precisión la infracción procesal, ya que, como hemos visto, la mera cita del artículo 24 de la Constitución no basta para fundamentar el interés casacional: hay que enlazar el caso con la doctrina fijada en la STS 435/2026 y justificar por qué procede la nulidad de actuaciones.
• Verificar que no concurre ninguna de las excepciones (ánimo dilatorio, posibilidad de sustitución del letrado, mala fe procesal), ya que su existencia puede echar por tierra un recurso que, de otro modo, sería sólido.

Seguir este orden de actuación no solo incrementa las probabilidades de éxito de un eventual recurso, sino que evita errores formales que, en materia de interés casacional, suelen ser la principal causa de inadmisión.

El principio que subyace: el legislador fija el estándar de indefensión a priori

Más allá del caso concreto, la sentencia recuerda que, cuando la ley configura la asistencia letrada como preceptiva, es el propio legislador quien fija de antemano el estándar de indefensión, sin dejarlo a la valoración caso por caso de si la presencia del abogado habría cambiado el resultado. Esa garantía ex ante protege el correcto desarrollo del proceso y el derecho de defensa reconocido en el artículo 24 de la Constitución, incluso cuando, a primera vista, la ausencia del letrado pudiera parecer irrelevante para el fondo del asunto.

Desde Deal Tax & Legal, firma especializada en asesoramiento jurídico, fiscal y patrimonial, subrayamos que esta doctrina es una referencia obligada para cualquier profesional que se enfrente a una denegación de suspensión de vista por enfermedad del abogado, ya que fija un criterio claro y de aplicación inmediata en todos los procedimientos donde la asistencia letrada sea preceptiva.

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